La herencia Urbana del gobierno del Gral Augusto Pinochet

Ha muerto Augusto Pinochet Ugarte. Los ciudadanos han salido a la calle en Santiago y en todo Chile, de lugares emblemáticos de Santiago, gritando consignas y reflexionando al respecto. Pero detrás de esta ciudad que conocemos se esconde el legado del gobierno de Pinochet; a continuación, reflexionamos acerca de la herencia de su mandato en las ciudades chilenas, las consecuencias del modelo económico implantado por su régimen, la constitución de 1980 y los legados en la ciudad tras 17 años de Gobierno Militar y 16 de Concertación.
Este personaje ha sido de influencia en todas las dictaduras del Cono Sur, junto con las de Brasil y Argentina han coordinado un aparto represor destinado a la desaparición de personas y la implantación de economías liberalizadas que han influido en la vida de los países y ha dejado huellas tangibles en la traza urbana, en la localización de las empresas y la política de viviendas para las clases obreras, es ahí donde han erradicado toda pobreza, arrastrando la basura debajo de la alfombra, llevando a estos a lugares sin los servicios mínimos de salubridad, por medio de la fuerza y sin escatimar en golpes o muertes, para cumplir con esa doble moral, que nos tienen acostumbrados.

Texto tomado de
http://www.plataformaurbana.cl/archive/2006/12/12/muerte-de-augusto-pinochet-la-herencia-urbana-de-su-gobierno/

Escrito por
Camila Cociña Varas y Nicolás Valenzuela Levi

La Herencia en Chile

Para comenzar, el mayor impacto del Gobierno Militar en la realidad completa de nuestro país se debe a la constitución Política de la República de Chile de 1980, documento que formaliza toda las operaciones y la ideología detrás del régimen liderado por Pinochet. Las reformas impulsadas entonces fueron lideradas en lo económico por los “Chicago Boys”, y en lo político por Jaime Guzmán, y tienen consecuencias directas en el desarrollo de nuestras ciudades; además de determinar la estructura de funcionamiento económico y político:

Lo primero es el aumento de la protección de la “propiedad privada”. La constitución del 80 se preocupa de otorgar una mayor protección a la propiedad (art. 24). Esto ha tenido consecuencias en el actuar urbano del estado en todo el país, cuando se producen conflictos entre “bien común” y “propiedad privada”, otorgándole mayores garantías a los intereses particulares, dado que “nadie puede, en caso alguno, ser privado de su propiedad”.Ejemplos serían, desde la imposibilidad de intervención del estado sobre proyectos urbanos privados que afectan el bien común, la derogación de planes reguladores demasiado “restrictivos”, hasta dificultades para expropiar cuando se requieren terrenos para la realización de obras públicas.

El Debilitamiento de los Gremios, sumado a la vigencia de la LOCE, ha influido también en el ámbito de los profesionales que actúan y reflexionan sobre la ciudad. La Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza liberaliza la formación de profesionales que, dado el debilitamiento del Colegio de Arquitectos como ente regulador, no tienen ninguna exigencia para ejercer, más que su título otorgado actualmente por 44 universidades diferentes.

Además, el Gobierno Militar terminó con las políticas de vivienda social anteriores, que privilegiaban la adquisición de un pedazo de suelo urbano mediante las “operaciones de sitio”, o incluso apoyando tomas de terrenos, privilegiando ahora la erradicación en viviendas construidas por privados, subsidiando la demanda. Esto ha significado que el imperativo de bajar costos por parte de las empresas privadas que tienen a su cargo la construcción de los proyectos, induce a que los sectores de menores ingresos solamente puedan acceder a viviendas ubicadas en terrenos de menor valor en la periferia**, acumulando paños de ciudad constituidas solo por viviendas sociales, sin el equipamiento adecuado, que hoy siguen creciendo alejados de las oportunidades que se ubican en dirección a las áreas con precios de suelo mucho mayores.

En el caso de las ciudades mayores del país, como Santiago, Gran Valparaíso y Gran Concepción, esta situación se ve agudizada por la situación política y administrativa del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que es a la vez el ente que debe “regular el desarrollo urbano”, y una gran inmobiliaria, con un ministro al que se le evalúa según la cantidad de viviendas que construye, muy por sobre el tipo de ciudad que genera***.

Otro tema son ciertas decisiones que facilitarion el debilitamiento de las estructuras de poder metropolitano, que hoy en día son declaradas causales de los problemas de gobernanza en Santiago: en la capital se pasó de tener 17 alcaldes para 1973 a 34 tras terminar el Gobierno Militar. Un problema paralelo fue que las nuevas comunas recogían población socialmente homogénea , lo que significa una mayor predictibilidad y control político sobre éstas. De esta manera se refuerzan las dificultades para generar proyectos unitarios a escala metropolitana, que logren articular de manera eficiente los distintos actores que interfieren e éstos. Casos de este tipo hay muchos, pudiendo destacar a modo de ejemplo La Pintana, creada en 1984 con un criterio absoluto de juntar en una misma comuna “gente con las mismas características sociales”.

La Herencia en Santiago

Existen una serie de cambios normativos que fueron en directa relación con el gran crecimiento en extensión de la capital bajo los criterios del modelo económico impulsado por el gobierno de Pinochet; estos son, en primer lugar, el Decreto Ley 420 (1979) que determinó la liberalización del suelo urbano, mediante la creación de la denominada “Área de Expansión Urbana”. Con este decreto, además, se derogaron los capítulos dedicados a la localización de vivienda social y el equipamiento, así como las condiciones restrictivas al crecimiento en extensión. Todo esto en el marco de la implementación del modelo neoliberal, bajo el principio de que el precio del suelo se regularía solo por el mercado, y que la existencia del límite urbano generaría diferencias “ficticias” en los valores del suelo.
El segundo instrumento legal es la Ley 3.516 del suelo agrícola, que permite la subdivisión de cualquier paño en hasta 5000 m2 y la construcción de dos casas en éste (en la práctica, por lo tanto, 2500 m2) previa aprobación del Servicio Agrícola Ganadero, sin requerir la autorización de los Municipios ni del MINVU. Esta ley permite en la práctica la generación de urbanizaciones informales aledañas a la ciudad que no necesariamente poseen el equipamiento y la infraestructura necesaria para una buena interacción con la ciudad existente. Ambas normativas han sido determinantes en la manera de crecer de la capital y la morfología que esta presenta hoy, ya que pese a existir modificaciones posteriores, los gobiernos de la concertación han mantenido en gran medida los principios de éstas.

En cuanto a obras públicas, el régimen militar concluyó las obras del metro comenzadas por Frei Montalva, continuando las líneas 1 y 2 de éste, lo que repercutiría a gran escala en el desarrollo de las distintas áreas de Santiago, cubriendo dos importantes ejes oriente-poniente y norte-sur; esto, en contraposición con el actuar durante el gobierno militar frente a los ferrocarriles a nivel país, con el desmantelamiento de un gran número de líneas férreas y la falta de mantenimiento en casi la totalidad de ellas.
lideró un régimen autoritario que impuso sus criterios éticos, políticos, económicos y sociales sin contrapeso durante casi dos décadas, que garantizaron que primase hasta hoy el criterio económico, fundamentando que “los problemas de redistribución del ingreso que puedan generarse por las diferencias de productividad y de riqueza de distintos individuos se solucionarán por el estado a través del aparato tributario, educacional, provisional y de subsidios directos”****. Lo anterior plantea un modelo que asume la agudización de la desigualdad, mediante un sistema político que se adapta para el beneficio de quienes “propician” el desarrollo económico, y pretende solucionarlo a través de mecanismos que no han sido efectivos: el aparato tributario en Chile funciona de manera opuesta, siendo lo suficientemente permisivo como para beneficiar a los individuos de mayor “productividad y de riqueza”; la educación (estructurada por la LOCE) se encuentra en crisis, evidenciada por las movilizaciones estudiantiles que tuvieron un apoyo concensuado durante el 2006; el sistema provisional (de las AFP), en similar o peor situación; los subsidios directos, con éxito relativo según sector. La sociedad que en dos décadas se planificó, y durante dos décadas más de gobiernos de la Concertación no se ha querido modificar, es la “sociedad de la desigualdad”.

Pues bien, tal como afirma el sociólogo Francois Ascher, las ciudades “cristalizan y reflejan las lógicas de las sociedades que acogen”*****. Si esta afirmación es correcta, la ciudad que heredamos de Augusto Pinochet, es la ciudad de la desigualdad.

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Referencias:

*Constitución Política de la República de Chile, Art. 24º

**ORELLANA, Arturo. Las dos caras del éxito de la política de vivienda en Chile: ¿Una cuestión de gobernabilidad metropolitana? . Scripta Nova. Revista electrónica de geografía y ciencias sociales. Barcelona: Universidad de Barcelona, 1 de agosto de 2003, vol. VII, núm. 146(047). [ISSN: 1138-9788]

***Situación ampliamente comentada por Alexander Galetovic en “Santiago: Donde estamos y hacia donde vamos” (Santiago : dónde estamos y hacia dónde vamos /. Chile: Centro de Estudios Públicos, 2006. xxviii, 579 p.).

**** WAISSBLUTH, Mario . La reforma del Estado de Chile 1990-2005 (Del Balance del Terror al Concenso Promisorio). Santiago, Chile. CEGES, Departamento de Ingienería Industrial – Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, Diciembre 2005. p. 44

***** ASCHER, François. Los nuevos principios del urbanismo. Madrid: Alianza Editorial, 2004. p. 20